26/7/10

Las bancadas del Ayuntamiento de Palma se han llenado con vecinos protestando contra el inicio de las obras.

PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA (26-07-10)
Intervenció de s´Unió d´Associacions de Mallorca.
PROPUESTAS PARA LA MEDIACIÓN CIUDADANA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CALLE FÁBRICA DE SANTA CATALINA.
Sra. Alcaldesa, Concejales:

Lo que voy a decirles como miembro de la Unión de Asociaciones de Mallorca no es una opinión más sobre la conveniencia o necesidad de las obras municipales en la calle Fábrica de Santa Catalina, sino la expresión de nuestra disconformidad con la manera de proceder autoritaria que está teniendo el equipo de Gobierno municipal en relación a la ejecución concreta de estas obras.

Desde un principio hemos entendido que la urgencia de las actuaciones municipales era motivada única y exclusivamente para no perder un dinero que se destinaría a obras y servicios municipales. Precisamente por este motivo nos hemos mostrado receptivos con la posibilidad de que se asegurara la inversión pública; pero siempre que se destinara a toda la barriada de Santa Catalina, no sólo a la proyección de un mal llamado eje cívico en la calle Fábrica.
La información que los técnicos municipales han ofrecido sobre este proyecto es insuficiente puesto que lo único que ha quedado claro es que se realizarán obras de acondicionamiento del alcantarillado, de la recogida de basuras y pavimentación entre otras actuaciones bajo la excusa de que los usos a los que será destinada finalmente esta calle serán los que se consensúen con los que tengan intereses en ella. Pues bien, los usos no pueden ser otros que los de interés público para un espacio de dominio público, de tal manera que no se puede dar un diseño final que resulte diferente al interés público y general, dedicado únicamente a las terrazas de los bares y restaurantes de continuarse con la idea prefijada de peatonalización total. Prescindir del entorno, de los elementos tradicionales que configuran la barriada, de la realidad del modo de vida de los vecinos que habitan esta calle -que pasa entre otras cosas por hacer uso de sus vehículos- es hacer urbanismo municipal a la carta sin funcionalidad práctica para los que además de trabajar tienen que vivir en esta calle.

Las dudas de los vecinos de las que nos hemos hecho eco en diversas reuniones no sólo tienen que ver con estos usos, que está claro deben servir a todos, sino también con la desconfianza en la gestión municipal de los espacios públicos creados artificialmente y que luego no son bien mantenidos. La falta de limpieza, la ausencia de seguridad, la señalización irregular del tráfico que permite que se circule de manera arriesgada junto a los peatones, la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales sin que tenga consecuencias –ya hay locales de copas sin licencia que aprovechan la lentitud del proceso administrativo para seguir abiertos- el ruido, la posibilidad de que emerja un espacio dedicado al botellón son dudas razonables que ya preexisten antes de que se realicen las obras y que nadie puede asegurar que no persistan una vez que éstas queden finalizadas, entre otras cosas porque un eje cívico debe servir al tránsito ordenado, a la comunicación fluida y no debe confundirse con un eje lúdico, dedicado al paseo, al recreo y a la realización de actividades ociosas en locales abiertos al público unos con otros a tal efecto.

La convivencia equilibrada no sólo es posible sino que conseguirla debe ser una obligación municipal y es precisamente aquí donde la Administración Pública local ha fallado pues no ha motivado y aclarado suficientemente desde un principio el destino final que le quiere dar a la calle, lo cual vuelve a generar más suspicacia entre los vecinos y pudiendo actuar de una manera consensuada lo ha hecho de manera impositiva, aprovechando la urgencia, justificando esta mala praxis por la vía del Decreto, lo cual reduce las posibilidades de oposición vecinal, con lo que nos damos cuenta de que no se quiere contar, en realidad, con los vecinos para realizar estas obras de acondicionamiento de la calle Fábrica a una finalidad a día de hoy por todos desconocida.
En consecuencia, las acciones civiles ejercitables frente a la Administración Pública local no se deben hacer esperar y es el interdicto de obra nueva la más recomendable por ser la medida cautelar que puede conseguir parar unas obras que se han iniciado como fueron aprobadas, por Decreto.

Que fueran aprobadas las obras por vía de urgencia y que se decretaran por Ley puede entenderse como hicimos en su momento, pero que el Ayuntamiento no sea capaz de ejecutarlas de acuerdo a un plan general de servicios para toda la barriada es a día de hoy incomprensible e intolerable.

Es en esta fase de ejecución de las obras donde el Ayuntamiento debe demostrar que su interés es el público y general, dándole cumplimiento real a los acuerdos plenarios y estableciendo cauces de mediación con los vecinos sobre el destino final de la inversión pública allí donde más falta pueda hacer -por obsolescencia o deterioro de las instalaciones- y no como hasta ahora para favorecer supuestamente a una productividad del que un ente público no puede ser el motor.

Un Ayuntamiento no debe hacer barras de pan y si las hace como ente público que es, sujeto a un marco legal que le hace responsable de las actuaciones propias que causen daños y perjuicios, debe ser controlado por los Tribunales de Justicia dada la grave injerencia que suponen estas actuaciones públicas del tipo intervencionista para los derechos fundamentales y la libertad de las personas.

Fdº. Francisco Fernández Ochoa.
Vocal y jurídico de la Unión se Asociaciones de Mallorca.
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