17/4/12

Tres direcciones para una salida humanizada de la crisis española.

Cuando sería más fácil criticar de manera destructiva que aportar ideas, cuando el sistema de valores establecido en nuestra sociedad libre falla, entonces es cuando más debemos hacer un ejercicio humanizado de nuestras acciones, pensar, regular -si hablamos desde el punto de vista administrativo- de otra manera que reduzca la tensión social en la que nos encontramos por el materialismo en el que nos hemos encallado.

El Partido Popular ha infrautilizado la primera dirección de las tres posibles, la vía presupuestaria, ha implementado unas medidas que limitan el gasto hasta lo inhumano en algunos casos puntuales. Los colectivos vulnerables, ancianos, enfermos, niños y parados de larga duración sufren las consecuencias de estas medidas regresivas. Metafóricamente, el Partido Popular en lugar de podar el árbol para que este pueda seguir creciendo y ser productivo de nuevo en el momento oportuno para ello, lo que ha hecho literalmente es cortar el tronco del árbol y ésto, les ha dado fortaleza. La fortaleza de una razón opuesta a la que había, la del gobierno socialista. Evidentemente, ambos dos, tanto PP como PSOE son políticamente responsables de esta situación provocada por la depredación de los recursos hasta su agotamiento, en el ámbito administrativo se dice que "los que luchan están abrazados".

Es cierto que reducir al núcleo esencial el Estado es liberal, pero no lo es menos que el Estado debe asumir las competencias en aquellos ámbitos donde la función de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, siendo Estado, es insuficiente. Así se ha demostrado con las partidas destinadas a formación de desempleados, reducidas hasta la insignificancia debido a este vacío competencial y a la falta de aportación de las partidas necesarias para mantener estos servicios.

Dicho de otra manera, si reducimos los presupuestos a su mínima expresión ¿se puede gobernar sin dinero en las arcas públicas? la respuesta es sí, se está haciendo, se gobierna sin más dinero que el que entra de manera insuficiente por vía impositiva; pero esta circunstancia no ha generado propuestas de racionalización y de incentivo económico por la vía presupuestaria, a lo único que ha conducido esta escasez de ingresos ha sido a recortar los gastos por esta dirección, lo más rápido políticamente hablando para justificar un cambio de gobierno y lo más ineficaz en el corto y medio plazo para salir de la crisis. En consecuencia, se ha desaprovechado esta herramienta imprescindible para generar economía bajo las consignas de austeridad y contención del déficit exigidas por el Gobierno alemán para su propia tranquilidad, otrora para la pax romana.

Nuestro partido político, el PLIE, netamente liberal, siempre ha defendido que es el individuo quien justifica al grupo y que, por lo tanto, la función política básica es la de resolver los problemas propios de una vida social estructurada en lugar de propiciar más problemas. Estamos instalados, ahogados, en una dinámica perversa, negativa, de crisis de ruptura, en la que los problemas del país justifican al gobierno establecido, lo fortalecen. Cuantos más problemas existan, que dirán que han sido "heredados", más legitimación para el Gobierno actual, aunque su propia actuación no contribuya en absoluto a resolverlos en el corto y medio plazo. Un líder que se precie, de los que presiden una nación no puede decirle a los ciudadanos dependientes de su decisión que no comerán durante un año; pero que no se preocupen porque en el medio y largo plazo las medidas adoptadas harán pleno efecto para salir de la crisis.

Las tres direcciones fundamentales bien orientadas por el Gobierno de la nación en las circunstancias actuales en las que nos encontramos deben ser:

Primera directriz.- Ayudar a los perjudicados por la crisis.

Segunda directriz.- Respaldar económicamente a los productores, es aquí donde no hay ni una sola propuesta, ni una sola medida eficaz ni creativa por parte del Gobierno conservador.

Tercera directriz.- El reequilibrio del conjunto social. Una vez que se ha establecido un nuevo orden económico, equilibrar a la población, adaptarla a la nueva situación informándola sin alarmismo de cuáles son y para qué sirven los cambios que nos han llevado a este punto en el que nos encontramos y que deben asumir de manera paulatina.

La Reforma Laboral es un buen ejemplo de cómo se han producido ajustes a nivel normativo que buena parte de la población sigue sin entender y que ven más como un retroceso en sus derechos sociales que un avance en ellos que contribuya a superar la crisis. Los cambios que son necesarios y admitidos por consenso deben generar debate ideológico en el ámbito de la democracia interna, apriorístico, pero discutir su idoneidad una vez que han sido promulgados legislativamente, cuando la situación es de tal gravedad que cualquier fisura en el entendimiento que los promueve nos lleva a la ruptura, crea importantes pérdidas económicas para el país, provoca desmoralización, desconcierto, la sensación de que la dirección para salir de la crisis no está todavía clara.

Esta salida contempla un rescate de base global sin el cual, e insistimos una vez más – las secuelas económicas podrían desembocar en aventuras políticas incontestables como una posible crisis de ruptura.


I. La protección de los vulnerables.

A. Los deudores hipotecarios.

No se puede dejar pagar, a una gran parte de los ciudadanos menos pudientes, hipotecas de hasta 40 años concebidas en su tiempo y de manera general sobre una estimación media del 40% de cara al valor real de los bienes inmobiliarios objeto de esas hipotecas.

Y eso por dos razones primordiales : por justicia social y por economía pura.

Por justicia social, creemos que todo el mundo lo entiende : la gente fue sistemáticamente engañada y desprotegida. Es un hecho patente.

Por economía pura porque gravar el poder de consumo básico de supervivencia de tanta gente y por tantos años no puede ser más que dañino para la recuperación económica del país. Es también en hecho patente.

Conclusión: se tiene pues que encontrar la manera directa o indirecta de rebajar las deudas hipotecarias contraídas “ in tempore suspecto” (es decir vg. durante la especulación inmobiliaria que va de 2000 a 2008 incluido) del 40% equivalente. Si el Estado emplea fondos para paliar la crisis social, por qué no ayuda aquí a quienes lo necesitan y ataja los motivos reales de la crisis, que deviene por la falta de liquidez y el endeudamiento con los bancos a través de las hipotecas.

En definitiva, el dinero no debería haber sido entregado solo a los bancos, pues ellos han ajustado primero sus propias cuentas, sino que debería haber sido el Estado a través del correspondiente Ministerio de la Vivienda, plenamente dotado de recursos, el que debería estar preparado para intervenir las hipotecas y asumir para sí la posición acreedora de los bancos o entidades financieras, caso por caso -en función de incumplimientos o impagos. De esta manera, por una parte se hubiera controlado la deuda y, por otra, a quien la genera en atención a sus circunstancias especiales, normalmente la de aquellos que habiendo perdido el empleo, no pueden hacer frente a sus obligaciones -no porque no quieran, sino porque no pueden. Y si dicen que no pueden que se contraste el motivo de por qué se encuentran en esa situación en evitación de fraudes. De esta manera, el Estado habría ejercido su verdadero poder público, justificado su intervencionismo mostrándose como una herramienta útil en casos de extrema necesidad para el país, se habría erigido en garante de los más débiles mientras la crisis persista. Pero es imposible esta visión cuando vemos declaraciones constantes de los Ministros del Partido Popular que han tomado a las sociedades españolas más fuertes (Bancos, Enagas, Repsol...) por bandera de España, ya era así en tiempos del PSOE, lo que dice muy poco a favor de la verdadera libertad de mercado garantizada Constitucionalmente en nuestro país.


B. Una nueva ley hipotecaria favorable a la dación en pago.

Hay que promulgar una nueva ley hipotecaria que contemple la revisión decenal del valor real del bien inmobiliario hipotecado en función del mercado en la fecha.

Una cesta de parámetros económicos (vg: el precio actualizado de la construcción, el coeficiente de vetustez, el precio del dinero, de la compra-venta etc…) sirviendo de referencia.

Que el resultado sea al alza o a la baja, esta revisión decenal tendrá un efecto doble : en primer lugar asegurarle al deudor hipotecario que él paga lo que debe; en segundo lugar obligar a la banca sensu lato a buscar otros tipos de productos generadores de liquidez y volver a su dedicación útil para la sociedad, es decir fomentar el ahorro privado y fructificarlo. Esta tarea es de los bancos, los presupuestos de un Estado no deben contribuir sólo a paliar los efectos de su mala gestión entre la población.


II. El respaldo a los productivos.

A. Autónomos :

El efecto más dañino de una crisis de ruptura es la desaparición de las Clases Medias en el conjunto económico de un país (Recuérdese la actual Argentina).

Sin una presencia activa de estas Clases toda transición democrática y duradera de una crisis de ruptura a una crisis de ajuste (cfr. supra) es imposible.

Hay que rebajar entonces al 50% el coste de estar hoy en día en nuestro país, por cuenta propia.

Y también sería oportuno aprovechar la crisis para sanear el sistema autónomo haciendo retroactiva esta baja de cotización de los autónomos para los 5 últimos años, amnistiando la parte de esta categoría de trabajadores en retraso y devolviéndola a los que están en orden de pago.

La inspección a los comercios ilegales y la ayuda al sector comercial sería bien recibida en unos presupuestos que casi han incorporado estas partidas por mera obligación; por lo que no construyen tejido empresarial, palían parcialmente los déficits sociales de los afectados y además lo hacen únicamente de manera parcial, nunca eficazmente o de manera rotunda.


B. El trabajo complementario :

Hay que reconocer legalmente el trabajo complementario voluntario con incentivos de baja imposición, fiscalmente no acumulable con el régimen principal, incluido renta y pensión.

En particular esta disposición legal permitirá al Estado controlar el “trabajo en negro” que debido a la crisis y la insuficiencia o ausencia de las indemnizaciones por hecho de paro, se disparará.


Combatir el trabajo en negro en crisis de ruptura es una lucha irrealista porque, para un gran numero de gente, esa manera de trabajar será su única salida para sobrevivir, Desde el punto económico esta lucha es también un error porque este trabajo genera dinero que se reinyecta en el consumo, consumo que hoy en día nos falta.

La solución viene, por vía legal, a debilitar el interés por “trabajar en negro” es decir aplicar un sistema de incentivos y no prohibitivo en el marco legal del trabajo complementario.

C. Empresas :

Suspensión durante 5 años de los impuestos sociales que gravan las realizaciones del patrimonio propio de las empresas con el fin de disponer de liquideces.

A largo plazo es bastante más rentable para los Poderes públicos el no percibir el dinero que tener que distribuirlo para tapar agujeros.


III. Reequilibrio del conjunto social.

A. Moralización fiscal.

En crisis económica grave el disparate de los ingresos particulares indebidos (o sea, sin justificantes) son fuentes de desagregación del tejido cívico de los ciudadanos y a la larga un peligro político (cfr. supra).

Una moralización fiscal de los salarios (y de otro tipo de remuneraciones directas o indirectas) excesivos es del todo necesaria:

Pero tal política siempre tiene que ser positiva, es decir no desanimadora del gusto por emprender, de trabajar, de ahorrar y de consumir. O sea, no ir a una sociedad socialista.

Estas sumas fiscalmente percibidas no tendrán que ser absorbidas por el Tesoro Público pero si, orientadas a favor de organismos de beneficencia públicos o privados, según los “desiderata” de las personas sujetas a este tipo de impuesto moralizador.

El Partido Popular contrariamente a esta moralización de la fiscalidad, persigue al contribuyente y da plazos para que emerja este dinero negro a cambio de regularizaciones ad hoc nada recomendables en un sistema que persiste gracias a la moralidad y la reversión de la producción en primer lugar en beneficio de la Sociedad, no del Estado.

B. El ejemplo del mundo político.

El mundo político no puede pretender obtener una moralización financiera a terceros cuando él mismo diariamente desafía esta misma ética (y no hablamos aquí de la corrupción que es otra cosa). Austeridad.


Conclusión : Claro está que esos puntos no son exhaustivos pero que, por cierto, dan una idea acertada de nuestra andadura política liberal cara a la crisis económica actual y de su filosofía humanista, muy a tener en cuenta por las Instituciones.
Finalmente, no es contradictorio con todo lo expuesto decir que la inyección de 90 mil millones de euros en los bancas y cajas de ahorro es correcta, porque el problema del sistema financiero español no es de liquidez, sino de solvencia (afrontar la creciente morosidad y la falta de negocio sólo puede hacerse asegurando a los bancos a los que les falta dinero para evitar su propia quiebra). Desde este punto de vista la ayuda gubernamental está bien pensada y es oportuna, salvo en el punto que hemos comentado referido a la que hubiera sido mejor solución, más coherente, consistente en la sustitución de las entidades financieras y de crédito por el Estado como acreedor en los casos de morosidad sobrevenida por la crisis de los más afectados con el desempleo.

Al fin y al cabo la crisis no tiene una solución única o general, cambia y evoluciona constantemente, sólo pueden preverse medidas que sean adecuadas a cada momento y las mejores medidas que se pueden tomar son las netamente liberales. Y hay quien, como contrapunto a estas medidas liberales, habla de salidas cívicas, lo cual nos reeditaría a más de lo mismo, al pesebre de la etapa socialista. Para salir de verdad hay que cambiar el modelo especulativo inmobiliario y los bancos tendrán que volver a incentivar la economía del ahorro. Un Estado debe pensar en estos términos porque si se limitan a aplicar la medicina paliativa sin averiguar las causas que provocan la enfermedad es como confiar en un Estado del que Uds. forman parte pero que los ciudadanos nunca ven cuando lo necesitan.
Proyecto Liberal Español, PLIE. El equilibrio, la fuerza y la libertad que necesitamos. 

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