28/11/13

LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES CON LAS LICENCIAS SUSPENDIDAS Y LEGISLACIÓN ANTIGUA, EN LUGAR DE APOYAR AL EMPRESARIADO.

PLENO AYUNTAMIENTO PALMA. 28-11-2013.
POLÍGONOS INDUSTRIALES.
ZONA M.

UNIÓN DE ASOCIACIONES DE MALLORCA.





En el Pleno de septiembre de 2010 estas Asociaciones Ciudadanas que cada vez tenemos más restringido el poder intervenir, como es debido en democracia, le solicitaron al por entonces equipo de Gobierno socialista que no hiciera urbanismo a la carta en los Polígonos Industriales.

Aquello que entonces pasó desapercibido porque Uds. escuchan poco a los ciudadanos hoy vuelve a estar de actualidad, pues el impacto de lo que podía venirles encima si seguían en la línea propuesta por entonces Unió Mallorquina aconsejó suspender las licencias.

Y vuelve a estar de actualidad porque hay declaraciones de políticos con cargo Institucional relevante y que hoy están en prisión que han descubierto y reconocido que aquellas políticas de entonces no respondían al interés general sino al engaño de los ciudadanos en beneficio propio, no podíamos esperar otra cosa del urbanismo a la carta.

Pues bien, tan negativo es para la economía que se estafe de las Instituciones a la ciudadanía, como que se suspendan licencias y que, como ahora, se proponga volver a planes generales urbanos obsoletos porque nadie quiere asumir la responsabilidad de dar un paso adelante mientras este asunto esté sometido a los Tribunales.

El daño a las Instituciones de Baleares ya está hecho y en el peor momento, en tiempos de crisis.

Y es que, como les decíamos entonces la industria, más allá del turismo, no existe en las Islas Baleares. En consecuencia, llamar Polígonos Industriales a unas áreas que, en realidad, están siendo ocupadas por medianos empresarios no es, en absoluto, ajustado a la realidad. Lo adecuado sería renombrar estas zonas y normalizar su situación conforme a esta situación, de tal manera que el empresariado obtenga las ventajas que su condición le ofrece al decidir ubicar la empresa en estas zonas reservadas a determinadas actividades. Esta es la argumentación realista que las asociaciones de empresarios les están trasladando a las instancias políticas para que actúen en consecuencia y adecuen las normas para que el empresariado balear obtenga estas mejoras en unos momentos de importante crisis en su productividad.

El debate político que se ha generado sobre la necesidad del incremento de la edificabilidad externa o interna en los polígonos industriales es insuficiente si, de fondo, en la vía de hecho del urbanismo en estas zonas M no se adecuan las normas para no efectuar distinciones entre empresarios e industriales.

Los empresarios llevan dos legislaturas sin saber a qué atenerse porque los políticos no saben cómo salir ahora de una etapa de corrupción, sino es volviendo al pasado.

Los usos específicos de los polígonos deben respetarse, lo que no se puede consentir es determinar un uso específico para industriales cuando en la práctica quienes ocupan estas zonas son, en realidad, empresarios de tipo medio que dista mucho de lo que significa ser industrial. Esta perversión de la norma establecida produce varias consecuencias, todas ellas de ilegalidad manifiesta, por una parte los industriales ven cercenado su derecho a que los polígonos industriales crezcan, con lo que no pueden ampliar sus instalaciones a un precio de mercado razonable, el precio de las naves industriales se dispara generando costes inasumibles y, por otra, los empresarios están subsumidos en un régimen o tratamiento normativo que no les corresponde. En definitiva, la norma administrativa está en este caso muy por detrás de la realidad en los polígonos industriales de Mallorca, estén o no consolidados, puesto que estas suspicacias están generalizadas en todos ellos.

La racionalidad del urbanismo y su coherencia obligan a una gestión del suelo realista, que favorezca a la productividad y al ahorro de los empresarios e industriales, sobre todo en estos momentos de crisis en los que la inoperancia política agudiza considerablemente el coste soportado para quienes generan realmente y donde se mueve una gran parte de la riqueza de las Islas Baleares.

Cuando los partidos políticos, unos de acuerdo, otros no, consensúan los usos de estas zonas lo que están haciendo en realidad es pervertir el sentido último, finalista de los usos que deben ser los establecidos legalmente ya sea de manera especial o generalista, dependiendo del interés al que sirvan; pero los usos no pueden consensuarse porque desde el momento en que difieren de lo normativamente establecido la variación de los usos es equiparable al urbanismo a la carta, una práctica urbanística detestable y administrativamente incorrecta.

Cuando en un Pleno de Ayuntamiento los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, no muestran un acuerdo unánime sobre la manera en que deben establecerse los usos en estas zonas lo que está sucediendo es que se causa un perjuicio para aquellos empresarios e industriales que observan cómo se dan, se consienten, diferencias entre lo consolidado y lo que se atiene a la nueva manera de proceder urbanísticamente hablando, es decir, relativismo, incertidumbre y prácticas urbanísticas irregulares, lejanas a la racionalidad de la que hablábamos al principio y por lo tanto contrarias a la mejora de la productividad industrial y empresarial, todo un desajuste en los momentos de crisis económica que padecemos.

La influencia y los efectos que los acuerdos plenarios producen dependiendo de si se adoptan las decisiones políticas ya no de manera consensuada, sino de manera profunda, siendo conscientes del entramado normativo subyacente y de las consecuencias de las mismas en la creación de tejido industrial y empresarial son tan importantes que la división política en estos asuntos reconduce la generación de riqueza a la existencia de mayorías plenarias, cuanto más absolutas más garantías, más seguridad jurídica se le ofrece a los empresarios e industriales desde lo público para que realicen sus negocios.

En consecuencia, la Unión de Asociaciones de Mallorca exige que los planteamientos o propuestas de los partidos políticos respondan a una base común, meditada en tiempos de crisis y desarrollada de acuerdo a la norma, llevando a los polígonos industriales al más estricto cumplimiento de la legalidad, normalizando su funcionamiento sin crear especulación en los terrenos o en el incremento de las cuotas de edificabilidad, sin perder de vista la mejora de la productividad en estos momentos en los que salir de la crisis es lo prioritario, ya que, en el futuro los acuerdos plenarios pueden adoptarse en otro sentido; pero lo que se debe hacer en este momento sólo puede hacerse de una manera para salir de la crisis y es, como ya se les pidió en 2010, con el consenso de todos los partidos políticos, sin excepción.




Fdº. Francisco Fernández Ochoa, vocal UAAM.

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